El decreto de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus aprobado por el Gobierno el pasado miércoles ha agilizado y modificado los supuestos para iniciar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Esta figura, contemplada en el Estatuto de los Trabajadores, implica la suspensión de los contratos de toda o parte de la plantilla durante un tiempo limitado o la reducción de la jornada laboral.

Hasta este jueves, miles de empresas de diferentes sectores han anunciado el inicio del trámite, que afecta a centenares de miles de trabajadores, para hacer frente al parón de la actividad económica acogiéndose a las facilidades que contempla el decreto. Pero, ¿cómo se solicita? ¿Qué debe hacer el trabajador? ¿En qué plazos?

• Nissan impone un ERTE para unas 3.000 personas

• Iberia presenta un ERTE para 14.000 empleados durante tres meses

• Sánchez anuncia un plan que movilizará 200.000 millones para amortiguar el impacto de la crisis del coronavirus

¿Cuándo se puede pedir?

El decreto contempla en su artículo 22 medidas excepcionales para solicitar ERTEs por causas de fuerza mayor vinculadas a la pandemia del coronavirus, sean estas el cierre temporal de locales debido a la declaración del estado de alarma, la cancelación de actividades, la restricción a la movilidad de personas o mercancías, la falta de suministros que impidan continuar las operaciones de la empresa o el contagio y aislamiento de la plantilla. Es decir, situaciones extremas que obligan a las compañías a parar su funcionamiento.

En todos estos casos, la empresa puede solicitar el procedimiento de despido temporal por fuerza mayor ante las autoridades de la comunidad autónoma correspondiente o, si trabaja en más de una región, al Ministerio de Trabajo, explica Roberto Pereira, presidente de Economistas Asesores Laborales del Consejo General de Economistas (EAL-CGE). 

¿Cómo se tramita?

En caso de un ERTE por causa de fuerza mayor, el procedimiento empieza comunicando a todos los empleados por cualquier medio fehaciente la decisión de la empresa, que tiene que explicar por qué inicia el trámite. Después la compañía preparará una solicitud acompañada por un informe que vincule la pérdida de la actividad a la Covid-19, al que se añade “la correspondiente documentación acreditativa”. La autoridad laboral es la encargada de constatar la existencia de la causa de fuerza mayor y su resolución se tiene que dictar en el plazo de cinco días previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que igualmente tiene cinco días para resolver el trámite.

Cuando el ERTE se inicie por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, la empresa tiene que comunicar su decisión a los representantes de los trabajadores, que deben conformar una comisión en el plazo de cinco días. Las negociaciones entre la compañía y los representantes de la plantilla tendrán que durar un máximo de siete días, y el informe de la Inspección de Trabajo, cuya intervención también en este caso es potestativa, tiene que estar listo a lo más tardar en una semana. “Si no hay sindicatos en la empresa hay que comunicar fehacientemente a los trabajadores el inicio de procedimiento de expendiente, y conformar una comisión integrada por tres trabajadores de la propia empresa”, explica Pereira.

¿Qué pasa si la administración no contesta?

“El silencio administrativo es positivo”, aclara Lahera. “En el decreto no se especifica, pero se está entendiendo que es así. Y puede pasar porque va a haber muchas solicitudes”. Fuentes de Trabajo confirmaban este miércoles esta posición.

¿Qué tiene que hacer el trabajador?

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tramitará de oficio la prestación por paro desencadenada por un ERTE vinculado al coronavirus. Esto significa que los trabajadores no tendrán que pedir la prestación por desempleo, sino que deberá ser la empresa quien comunique a las autoridades qué empleados están afectados por la medida.

Independientemente de que el ERTE se deba a causas de fuerza mayor o a razones económicas, técnicas, organizativas y de producción vinculadas con el coronavirus, los trabajadores podrán acceder a la prestación aunque no tuvieran cotizado el periodo suficiente para cobrarla. Asimismo, el decreto establece que estos periodos no computen para recibir prestaciones futuras.

¿Qué ocurre con los ERTEs anunciados antes del decreto?

En este caso las medidas extraordinarias relativas a cotización y protección por desempleo se aplicarán también cuando los ERTEs se hayan puesto en marcha antes de la entrada en vigor del decreto, siempre y cuando estén vinculados directamente con el coronavirus. Lo que sí no es retroactivo son los procedimientos. Es decir, tendrán que seguir la vía ordinaria. 

¿Durante cuánto tiempo puede durar el ERTE?

“Esta está siendo una pregunta constante”, asegura Lahera. El profesor de la UCM y consultor del despacho de abogados Abdón Pedrajas explica que los tiempos de duración del ERTE se están vinculando a la duración del estado de alarma o, en caso haya habido un foco de contagios en la empresa, a la recuperación de la plantilla.

¿Luego hay que recuperar a la plantilla?

Sí, y hay obligación de mantenerla durante seis meses. “Es una condición sine qua non”, incide Pereira. La direferencia entre un ERTE y un ERE es que en el primer caso se produce una suspensión de los contratos laborales, en la segunda se trata de una extinción de la relación entre la empresa y los trabajadores. “Solo se realiza suspensión temporal, luego el trabajador vuelve a normalidad”, añade el asesor laboral.

La Agencia Tributaria ha publicado unas instrucciones provisionales para acogerse a la flexibilización de aplazamientos incluidas en el RD-ley 7/20220

• Estos plazos, que comienzan a computarse desde la fecha de la notificación, y que finalizan dependiendo de que aquella se haya realizado en la primera o segunda quincena del mes, si no han concluido hoy, 18 de marzo, se amplían hasta el próximo 30 de abril.
• Cuando estos plazos se comuniquen a partir de hoy, 18 de marzo, se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.
• Por ejemplo, en el caso de una deuda liquidada y notificada el 14 de febrero, que vence el 20 de marzo, se podrá pagar hasta el 30 de abril.
• Si la notificación de aquella deuda liquidada se recibiera mañana, 19 de marzo, el término del plazo sería el 20 de mayo, en lugar del día 5 de ese mes como ocurriría sin la medida extraordinaria.

• Igualmente, se amplían hasta el próximo 30 de abril cuando no hayan vencido el 18 de marzo.
• Cuando estos plazos se comuniquen a partir de hoy, 18 de marzo, se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.
• Por ejemplo, un plazo de pago de un aplazamiento concedido en 2019, que vence el día 20 de marzo, se puede pagar hasta el 30 de abril.
• Si el aplazamiento se concede el 20 de marzo y el primer plazo vence el 15 de abril, se podrá pagar hasta el 20 de mayo. Si el plazo venciera el 3 de junio, esa será la fecha máxima para pagarlo.

• Si no se han cumplido a día de hoy, 18 de marzo, se amplían hasta el próximo 30 de abril.
• Cuando estos plazos se comuniquen a partir de hoy, 18 de marzo, se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.

• Si no han concluido hoy, 18 de marzo, se amplían hasta el próximo 30 de abril.
• Cuando estos plazos se comuniquen a partir de hoy, 18 de marzo, se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.
• Sin embargo, existe la posibilidad de atender el trámite en el plazo habitual, en cuyo caso se considerará evacuado.
• Si el plazo para formular alegaciones a una propuesta de liquidación termina el 20 de marzo, las alegaciones se podrán presentar hasta el 30 de abril.
• Si se notifica la propuesta de liquidación el 20 de marzo, y se dan 15 días para formular alegaciones, el plazo para presentarlas finaliza el 20 de mayo.

• No se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde hoy, 18 de marzo, hasta el día 30 de abril de 2020.
• Efectos de la flexibilización de los anteriores plazos en la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de revisión tramitados por la AEAT, en los plazos de prescripción y en los de caducidad
• El período comprendido desde el 18 de marzo hasta el 30 de abril de 2020 no computará.
• Con esta medida, se blinda a la AEAT en ese período, en el que su inactividad no tendrá efectos, aunque puede continuar realizando trámites.
• Por otra parte, entendemos que, esta medida igualmente afecta al contribuyente, que tendrá que tener en cuenta que durante ese tiempo, por ejemplo, no corre el plazo de prescripción para solicitar una rectificación de autoliquidación o la devolución por ingresos indebidos.

• Se entenderán notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre el 18 de marzo y el 30 de abril de 2020.

• Estos plazos no empezarán a contar, cuando se produzcan a partir del 18 de marzo, hasta el 30 de abril.
• Sin embargo, no parece recogida una ampliación del plazo para recurrir o reclamar si el mismo ha empezado a correr antes de hoy, aunque, con la redacción que contiene la norma, alguien podría interpretar que también en este caso se inicia el 30 de abril, aunque en realidad se hubiera producido la notificación con anterioridad y ya se hubiera iniciado.
• Así, por ejemplo, si se notifica al contribuyente la desestimación de un recurso de reposición el 20 de marzo, el mes para reclamar al Tribunal Económico-Administrativo no comienza a contarse hasta el 30 de abril

• Se amplían los plazos para atender los requerimientos y solicitudes de información formulados por la Dirección General del Catastro que se encuentren en plazo de contestación a 18 de marzo.
• Cuando el Catastro comunique actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia a partir de hoy, 18 de marzo, el plazo para ser atendidos finalizará el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso este resultará de aplicación.
• También en este caso, el período comprendido desde el 18 de marzo y hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos iniciados de oficio, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.

• Para amparar las medidas en materia hipotecaria, se modifica el texto refundido de la ley de este impuesto estableciendo la exención de las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan por esta norma, respecto de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados

• Prórroga autómatica de las prestaciones por desempleo, nadie perderá sus derechos por no acudir a una oficina de empleo.
• El Estado pagará las prestaciones por desempleo de las trabajadoras y trabajadores afectados por ERTEs (aunque no tengan suficiente tiempo cotizado).
• El paro cobrado durante la crisis sanitaria no afectará a prestaciones futuras. Cuando superemos esta situación el contador estará a cero y no perjudicará al derecho futuro para contar con una prestación por desempleo.
• Desarrollo de mecanismos de ERTEs para garantizar que no se despida a ninguna persona durante la crisis sanitaria. El parón económico será un paréntesis temporal que no puede servir para destruir empleo. Agilizar el proceso de autorización de ERTEs con el objetivo que las empresas hagan un parón temporal y finalizada la crisis pueda conservarse ese empleo.
• Aprobación de beneficios específicos en materia de prestaciones por desempleo garantizando los derechos de trabajadoras y trabajadores fijos discontinuos, a tiempo parcial y cooperativistas.
• Todas las personas que tengan a su cargo a familiares por el cierre de colegios y servicios sociales, contarán con facilidades para conciliar.

1. Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual
2. Afecta a aquellos deudores que se encuentren en los supuestos de vulnerabilidad económica establecidos en el RD así como a los Fiadores y avalistas del deudor principal, respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario.
3. Los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores que se encuentren en los supuestos de vulnerabilidad económica podrán exigir que la entidad agote el patrimonio del deudor principal, antes de reclamarles la deuda garantizada.
4. El deudor deberá presentar la solicitud de moratoria al acreedor junto con la documentación de acreditación de las condiciones subjetivas establecidas en el RD
5. La entidad acreedora procederá a su implementación en un plazo máximo de 15 días.
6. La entidad acreedora comunicará al Banco de España su existencia y duración a efectos contables y de no imputación de la misma en el cómputo de provisiones de riesgo.

1. la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo estipulado para la misma y
2. la consiguiente inaplicación durante el periodo de vigencia de la moratoria de la cláusula de vencimiento anticipado que conste en el contrato de préstamo

1. la entidad acreedora no podrá exigir el pago de la cuota hipotecaria, ni de ninguno de los conceptos que la integran (amortización del capital o pago de intereses), ni íntegramente, ni en un porcentaje.
2. Tampoco se devengarán intereses. No se permitirá la aplicación de interés moratorio por el período de vigencia de la moratoria.

• Línea para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a:
• financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos
• a empresas y autónomos para atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez.
• avales por un importe máximo de 100.000 millones de euros.

• Ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO con el fin de aumentar los importes de las Líneas ICO de financiación a empresas y autónomos. 10.000 millones
• facilitar liquidez adicional a las empresas, especialmente pymes y autónomos.
• Se llevará a cabo a través de las Líneas de ICO de financiación mediante la intermediación de las entidades financieras tanto a corto como a medio y largo plazo y de acuerdo con su política de financiación directa para empresas de mayor tamaño.

1. a) Serán elegibles los créditos de circulante necesarios para la compañía exportadora siempre que respondan a nuevas necesidades de financiación y no a situaciones previas a la crisis actual.
2. b) Beneficiarios: las empresas españolas consideradas como Pequeñas y Medianas Empresas así como otras empresas de mayor tamaño, siempre que sean entidades no cotizadas, en las que concurran las siguientes circunstancias:

1. a) infraestructuras críticas,
2. b) tecnologías críticas y productos de doble uso
3. c) suministro de insumos fundamentales,
4. d) sectores con acceso a información sensible,.
5. e) medios de comunicación.
6. Asimismo, queda suspendido el régimen de liberalización de las inversiones extranjeras directas en España,
7. a) si el inversor extranjero está controlado directa o indirectamente por el gobierno de un tercer país,.
8. b) si el inversor extranjero ha realizado inversiones o participado en actividades en los sectores que afecten a la seguridad, al orden público y a la salud pública en otro Estado miembro,
9. c) si se ha abierto un procedimiento, administrativo o judicial, contra el inversor extranjero en otro Estado miembro o en el Estado de origen o en un tercer Estado por ejercer actividades delictivas o ilegales.

• Modificación de las condiciones de celebración de los órganos de administración

• Modificación de los plazos de formulación, aprobación y depósito de cuentas anuales.

• Suspensión de los plazos estatutarios derivados de una causa legal de disolución.

• Derecho de separación del socio

• Se establece una “moratoria concursal”, con objeto de evitar una posible avalancha de casos de insolvencias en los próximos meses, de forma que no haya obligación de declarar concurso de acreedores en los dos meses siguientes a la finalización del estado de alarma.

• Extensión de dicha moratoria en caso de haber solicitado o solicitar preconcurso de acreedores durante el estado de alarma, un acuerdo de refinanciación (AR) o un acuerdo extrajudicial de pago (AEP), o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio (PAC). Un reto para el sistema concursal y sus operadores (entre ellos los administradores concursales y profesionales económicos de la reestructuración) va a ser tratar de aplicar estas medidas preconcursales (AR y AEP) y la PAC (concursal) también a las pequeñas empresas, con las debidas adaptaciones.
• No se ha optado por ampliar en el RDL los 4 meses del preconcurso (artículo 5 bis) hasta 12 meses como permite la Directiva de insolvencia para estimular soluciones alternativas al concurso.
• En el artículo 31 del RDL se establece como excepción que las pymes exportadoras que se encuentren en preconcurso o concurso de acreedores no podrán beneficiarse de la línea extraordinaria de cobertura aseguradora establecida.

A la vista de la publicación del Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como del Acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ y la Resolución del Secretario de Estado de Justicia sobre servicios esenciales en la Administración de Justicia, todos ellos de fecha 14/03/20, ESTE DESPACHO INFORMA QUE:

Por regla general, quedan suspendidos todos los plazos y señalamientos hasta el 29/03/20. 

El Real Decreto 43/2020 acuerda la suspensión de los siguientes plazos:

- Suspensión de plazos procesales. (Disposición Adicional 2ª  del R.D. 463/2020). Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el R.D. 463/2020. Todo ello con ciertas excepciones en materia penal y en el resto de órdenes jurisdiccionales.

- Suspensión de plazos administrativos. (Disposición Adicional 3ª  del R.D. 463/2020). Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. Todo ello con la posibilidad de acordar excepciones.

- Suspensión de plazos de prescripción y caducidad. (Disposición Adicional 4ª  del R.D. 463/2020) Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.

- Suspensión de todas las actuaciones judiciales (Acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de 14/03/20) programadas y los plazos procesales que tal decisión conlleva, salvo en los supuestos de servicios esenciales.

- Se establecen los servicios esenciales para la Administración de Justicia (Resolución del Secretario de Estado de Justicia sobre servicios esenciales en la Administración de Justicia de 14/03/20).

• El tipo coincide con la media del sector, el umbral a partir del cual el Supremo valora si hay usura. La entidad asegura que no es su reacción al fallo.

La banca estudia con cautela cómo reaccionar al reciente fallo del Tribunal Supremo que considera usurero el tipo de interés aplicado a los créditos asociados a las tarjetas revolving, una modalidad de préstamo flexible que permite devolver cuotas de cuantía tan baja que la deuda puede convertirse en perpetua. De momento, según ha podido saber este diario, CaixaBank ha enviado correos electrónicos a algunos de los clientes de su filial de consumo, CaixaBank Payment & Consumer, ofreciéndose a rebajar el tipo de interés de los préstamos de sus tarjetas, y a devolverles la diferencia cobrada hasta la fecha, a cambio de que renuncien a litigar.

En concreto, CaixaBank está ofreciendo rebajar el tipo de interés de algunos préstamos, como los ligados a la tarjeta Visa Ikea, del 25,59% hasta el 19,99%. El coste del préstamo se reduciría de esa forma hasta el tipo medio aplicado por el conjunto del sector al total de créditos asociados a tarjetas, según los datos que recopila el Banco de España.

Esa es justamente la referencia que utilizó el Supremo para apuntar que el crédito de una tarjeta revolving de Wizink Bank al 27% era “usurario”, dada su diferencia y “desproporción” con el interés medio del dinero en ese segmento de préstamos.

De esta forma, CaixaBank pasaría a volar bajo el radar del umbral de usura establecido por el Supremo. La propuesta, que tiene una vigencia de 30 días, está condicionada a que el consumidor acepte “comprometerse a no reclamar por la misma casuística del TAE abusivo”.

Desde CaixaBank aseveran que “no se trata de una campaña generalizada” en respuseta al fallo del Supremo y que “este tipo de correos se envían a los clientes que han presentado una reclamación”. “Se analiza caso a caso y, si se considera conveniente por política comercial, se le presenta una oferta. Es algo que se hacía antes de la sentencia”, matizan en la entidad.

Sin embargo, advierten algunos expertos en defensa del consumidor financiero, los clientes que acepten la propuesta de la entidad tras el fallo del Tribunal Supremo perderían el derecho a reclamar judicialmente y a recibir un fallo favorable que podría llegar a permitirles recuperar todo el interés abonado desde el inicio del contrato, en lugar de solo la diferencia entre lo que venían pagando y el 19,99% de tipo medio que se ofrece ahora.

“Parece que las entidades no han aprendido de errores pasados y aparentando ‘hacer un favor’ a sus clientes, en realidad eluden la obligación impuesta por la sentencia: dejar el crédito de la tarjeta sin interés y devolver la totalidad de los satisfechos, no sólo ‘la diferencia’ entre el inicialmente contratado y el ‘rebajado’, dejando subsistente el funcionamiento revolving. Y todo ello, con renuncia de acciones al perjudicado, impidiéndole así reclamar lo que verdaderamente ha pagado de más”, explica la directora legal de reclamador.es, Almudena Velázquez al ser consultada por la propuesta de CaixaBank.

Se da la circunstancia de que CaixaBank es una de las entidades más expuestas al fallo en contra de la banca por los créditos revolving, así como en el de las hipotecas IRPH que en los últimos días el Tribunal de Justicia de la UE ha sentenciado que son abusivas si se comercializaron sin transparencia.

Notícia publicada en EL PAÍS ECONOMÍA.

• El TJUE abre la puerta a que las cláusulas abusivas sean anuladas y sustituidas. 
• Los jueces españoles deberán "asegurarse del carácter claro y comprensible" de los contratos
• Los posibles afectados ya pueden presentar sus reclamaciones judiciales. 

Usted ha contratado un servicio jurídico con este despacho para instar un procedimiento o contestar a uno interpuesto contra Ud. ¿Qué debe saber acerca de las relaciones entre Ud. su abogado, su procurador y el Tribunal?

PROCURADOR: Excepto en la jurisdicción laboral, para intervenir en un procedimiento judicial la ley le obliga a ser representado por un PROCURADOR. La figura del procurador, cuya intervención es OBLIGATORIA sirve para que Ud. esté representado en todos y cada uno de los actos que se realicen ante el Tribunal. El PROCURADOR se encarga de presentar los escritos que confecciona su ABOGADO y de trasladarle las respuestas de la otra parte y del Tribunal. El PROCURADOR cobra unos honorarios según unas tablas fijadas por la Ley para realizar dichas tareas, que repetimos son de obligado cumplimiento, para cualquier persona física o jurídica que quiera acudir a los Tribunales. Su procurador siempre estará disponible, los datos del cual su ABOGADO le facilitará, para preguntarle cualquier asunto relacionado con los actos ante el Juzgado, como por ejemplo, por decir solo alguna de las dudas que normalmente tienen los clientes, ¿ha contestado la parte contraria? ¿ha recibido la parte contraria mi demanda? Etc … El ABOGADO conoce lo que sucede en el Tribunal cuando recibe las notificaciones del PROCURADOR, no antes.

ABOGADO: Su ABOGADO es quien tiene la DIRECCIÓN LETRADA del asunto, es el que vistos los hechos y sus pretensiones analiza, prepara y redacta la demanda o la contestación, defiende sus intereses en la Audiencia Previa si es el caso, y le defiende en el JUICIO. Para lo cual le hará firmar un PRESUPUESTO de sus honorarios, solo de los honorarios de su ABOGADO, cualquier otro gasto, como PROCURADOR, PERITO, ETC… no están contemplados. El ABOGADO no trabaja “a resultados” sino por su trabajo realizado, independientemente de si se gana o no el pleito, tal y como dispone la ley. El ABOGADO no sabe en ningún momento ni cuándo admitirá el TRIBUNAL la demanda, ni cuándo contestará la otra parte, ni cuándo se hará la audiencia previa, ni el juicio, ni cuándo saldrá la sentencia. El PROCURADOR tampoco lo sabe, pero sí puede acceder al TRIBUNAL para solicitar información al respecto, así que si Ud. tiene interés por conocer alguna novedad antes de que haya sido notificada al ABOGADO debe dirigirse a su PROCURADOR. Su ABOGADO le notificará inmediatamente cualquier notificación recibida del TRIBUNAL y le mantendrá informado del desarrollo del mismo en función de las notificaciones recibidas.

TRIBUNAL: Los TRIBUNALES actúan según su propia AGENDA, la de cada TRIBUNAL. Ni el PROCURADOR ni su ABOGADO conocen dicha AGENDA, nada podemos adelantar en cuanto al tiempo que tardará cada actuación judicial, solo podemos estimar un período de tiempo aproximado pero en ningún caso ha de tomarse dicha referencia como un hecho futuro exacto.

Principales características de la modalidad de pago aplazado incorporado a la tarjeta de crédito, conocida como “crédito revolving (rotativo)”:

El crédito no tiene un número fijo de cuotas, no existe un número determinado de disposiciones máximas que el cliente pueda efectuar.
Carácter rotativo: el límite del crédito se rebajará o disminuirá en la medida en la que el cliente lo utilice y se restablecerá o aumentará de nuevo en la medida que haga pagos para restituirlo.

El titular de la tarjeta de crédito puede reintegrar de forma aplazada las cantidades dispuestas, mediante el pago de cuotas periódicas que el cliente puede elegir y cambiar dentro de unos mínimos establecidos por la entidad, con la característica de que con cada plazo pagado se reconstruyen los fondos disponibles por este importe.

El crédito se puede usar repetidamente. El prestatario realiza pagos con base únicamente en la cantidad que actualmente esté usando o retirando, más el interés correspondiente.

El prestatario puede devolver el crédito en varios plazos a lo largo de cierto tiempo (sujeto a una cuota mínima establecida) o en un solo pago a realizar en cualquier momento.

A diferencia de un préstamo personal con un período de amortización determinado y un interés fijo durante dicho período, el crédito revolving implica que ni la cuota de devolución es siempre la misma, -pues depende de la conveniencia de las partes en cuanto a la devolución del dinero dispuesto-, ni el saldo decrece de forma proporcional, puesto que la cantidad que periódicamente se abona en concepto de devolución pasa a engrosar el saldo disponible que puede volver a ser otra vez utilizado.

 
Definición de las tarjetas revolving:

Podríamos definir crédito revolving, (rotativo) dando como válida la definición que del mismo hace la sentencia del Tribunal Supremo  de 25 de noviembre de 2015: “… el crédito personal revolving consiste en un contrato de crédito que le permite al prestatario hacer disposiciones mediante llamadas telefónicas o mediante el uso de una tarjeta de crédito…”.
 Otra definición, es la que figura en  el Portal del Cliente Bancario del Banco de España, La definición que utiliza es la siguiente: “son tarjetas de crédito en la que se ha elegido la modalidad de pago flexible. Te permiten devolver el crédito de forma aplazada mediante el pago de cuotas periódicas que varían en función de las cantidades dispuestas. Dentro de unos límites prefijados por tu banco, podrás fijar el importe de la cuota, pero sé consciente de que con cada cuota pagada el crédito disponible de la tarjeta se reconstituye, es decir, puedes volver a disponer del importe del capital que amortizas en cada cuota”.
 
Cláusulas del contrato de crédito revolving
Intereses Usurarios:

Actualmente la Ley aplicable a este tipo de contratos de crédito o préstamos express y tarjetas revolving es variada y asistemática, por lo que hay que buscar en diferentes disposiciones legales y reglamentarias.
La norma básica para aplicar es la llamada de “Represión de la Usura” de 23 de julio de 1908, (sólo derogada parcialmente con la Ley 1/2000 en lo referente al procedimiento en la disposición derogatoria única 4º)  y vigente en este momento, cuyos artículos 1 y 4 cuando se aplican cuando el consumidor y el establecimiento financiero  entran en litigio a causa de los tipos de interés excesivos de este tipo de operaciones. Esta ley limita a las empresas financieras en la fijación de los tipos de interés de remuneración aplicables en los créditos revolving. El Artículo 1 de la Ley de “Represión de la Usura” dispone que  “… Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales. Será igualmente nulo el contrato en que se suponga recibida mayor cantidad que la verdaderamente entregada, cualesquiera que sean su entidad y circunstancias. Será también nula la renuncia del fuero propio, dentro de la población, hecha por el deudor en esta clase de contratos…”.
A su vez, a tenor de las consecuencia previstas en el art. 3 de la “Ley de Represión de la Usura” el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida, tras decretarse la nulidad del contrato por el Juzgado, lo que implica según el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura que:“Declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado”, con lo que el prestatario estará obligado a pagar tan sólo la suma recibida en concepto de capital, viniendo la demandada obligada a la devolución de todos los conceptos cargados v percibidos al margen de dicho capital, a mi representada, según se determine en ejecución de sentencia.

 
¿Cuándo existe usura en el crédito revolving?

La ley protege al consumidor de este tipo de operaciones, cuando se convierten en abusivas y los contratos tienen cláusulas leoninas, pero aunque parezca increíble para los no versados en el Derecho, existe una ley, llamada de “Represión de la Usura” de 23 de julio de 1908, (sólo derogada parcialmente con la Ley 1/2000 en lo referente al procedimiento en la disposición derogatoria única 4º)  y vigente en este momento, que es la que se ha de aplicar cuando el consumidor y el establecimiento financiero  entran en litigio a causa de los tipos de interés excesivos de este tipo de operaciones. Esta ley limita a las empresas financieras en la fijación de los tipos de interés de remuneración aplicables en los créditos revolving.

El Código Civil nada dice sobre los límites que deben tener los intereses que pueden pactarse en un contrato de préstamo, ni sobre cuándo estos se consideran o no usurarios, para ello hemos de acudir al artículo 1 de la Ley Azcarate, que dispone:

“Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”.
Se ha determinado por el Pleno del Tribunal Supremo en la sentencia 628/2015 de fecha  25 de noviembre, que interés es usurario en los contratos de tarjeta revolving. La sentencia fija los criterios y la doctrina que determina si los intereses aplicados a ese tipo de contratos son usurarios o no, pero no señala el tipo mínimo a partir del cual comienza la usura y el contrato se aleja de los tipos de mercado de este tipo de productos. El TS comenzó fijando doctrina sobre cuál es el  porcentaje que debe aplicarse o debe de tenerse en cuenta por parte del consumidor para determinar si una operación financiera de este tipo tiene un tipo de interés usurario. Este tipo de interés no es otro que el denominado TAE (Tasa Anual Equivalente) dejando a un lado el tipo de interés nominal anual, el cual se obtiene de un cálculo matemático mucho más sencillo. La misma sentencia deja fijado de qué modo se puede determinar el TAE que se aplica a un crédito concreto o tarjeta revolving, o si es notablemente superior al interés del dinero vigente en cada momento. El modo de determinarlo, no es otro que la comparación con el tipo de interés que figura en las “… estadísticas que publique el banco de España, tomando como base la información que mensualmente tiene que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.)…”.
Teniendo en cuenta la doctrina y los criterios fijados por el Tribunal Supremo en la sentencia de fecha de 25 de noviembre de 2015 en la cual se discutía por el consumidor y el banco contendiente, si un contrato de tarjeta revolving de fecha 29 de junio de 2001 con un interés TAE del 24,6 % era usurario o no, y por ende nulo, el Tribunal Supremo dispuso en esa sentencia que de la comparación del TAE determinado en el contrato de la tarjeta de crédito, con el interés medio de los préstamos al consumo existentes en la fecha en la que fue suscrito,  se desprendía que el interés estipulado era “notablemente superior al normal del dinero”, motivo por el que resultaba usurario, según el Tribunal Supremo.

 
 
Cláusulas del contrato de crédito revolving donde se pacta la aplicación de intereses de demora:

La definición de abusividad de este tipo de cláusulas que fijan el interés de demora se podría derivar de la comparación con los intereses remuneratorios para una mejor comprensión: Los intereses moratorios sancionan un incumplimiento del deudor de la obligación y un comportamiento jurídicamente censurable del mismo y su naturaleza no es otra que la de reparar el daño patrimonial causado al acreedor y constituir un castigo y un estimulo al deudor para cumplir la obligación voluntariamente, y evitar el perjuicio que le produciría al prestamista el incumplimiento permanente y definitivo de la obligación por parte del prestatario. La clausula de interés de demora no pactada, y si figura en el contrato no es comprensible, es nula por no ser transparente ni clara, abusiva, excesiva y contraria a la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios y a la Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de la Contratación. En consecuencia, la cláusula de intereses de demora es nula. Este tipo de cláusulas de las condiciones generales que fijan el tipo de interés excesivo de demora tienen carácter abusivo.

 
Cláusulas del contrato de crédito revolving donde se pacta la aplicación de “Comisiones por reclamación de posiciones deudoras” o “comisión por descubierto”

Para poder cobrarse este tipo de comisiones, el primer requisito esencial, es que estas comisiones estén pactadas en el documento contractual. En caso de no estar pactadas y de ser aplicadas al cliente, estas son abusivas y evidentemente nulas conforme a  lo dispuesto en el  artículo 8.2 TRLGDCU, al ser estipulaciones no negociadas individualmente, contravenir la buena fe contractual y crear un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor y no constar haberse pactado en el contrato.
Si estas cláusulas sobre comisiones está inserta en el contrato, el banco ha de justificar que el importe cobrado al cliente es el correspondiente a un servicio prestado al usuario o un trabajo efectivamente realizado que ha supuesto un  gasto para el financiador, ya que este siempre justifica el cobro de las citadas comisiones por consistir en la recuperación de los costes a los que la entidad financiera ha tenido que soportar como consecuencia del impago de alguna de las cantidades pactadas en contrato por parte del cliente y de las reclamaciones para la recuperación de esos saldos negativos que obran en la cuenta de crédito revolving del cliente. Por la experiencia de este letrado, nunca un banco ha podido justificar en instancia judicial el gasto que ha soportado para poder repercutir a un cliente esta comisión.
Por lo tanto, esta cantidad cobrada al usuario por reclamación de saldos deudores, no es más que parte más de la remuneración, ganancia y beneficio de la empresa financiera. No obstante, para poder cobrar esta comisión, el banco ha de hacerla pactado, ha de haber prestado el citado servicio que le ha generado un coste y además,  la entidad financiera debe dejar meridianamente claro que la comisión cobrada está vinculada a la efectiva gestión de reclamación realizada por el financiador al cliente deudor para recobrar lo impagado, y no vale alegar que le remite una carta pre impresa que nunca es certificada y de la que no queda prueba de su envío, sin que quepa que se haya efectuado la reclamación por una misma deuda al mismo cliente en varias ocasiones y que la comisión tenga un importe variable según la cantidad a reclamar.

 
Nulidad de la contratación del seguro de protección de pagos no contratado por mi mandante, del cual no ha obtenido información alguna del banco y que no figura en el contrato.
Así, estas primas de seguro de protección de pagos, cobradas de un seguro que no fue contratado por mi mandante, ni tuvo conciencia de su existencia, hace que de existir no es transparente ni clara, abusiva, excesiva y contraria a la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios y a la Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de la Contratación. En consecuencia esta cláusula es nula. Este tipo de cláusulas de las condiciones generales en las que existe falta del doble control de transparencia, y producen un desequilibrio entre el financiador y el consumidor, tienen carácter abusivo, y mucho más si no han sido pactadas por las partes y no existe consentimiento o conciencia de contratación por parte del consumidor y usuario. Esta cuestión ya ha sido juzgada por los tribunales de justicia de la Unión Europea. El TJUE señala que si bien esta jurisprudencia del TS no parece formar parte de las disposiciones más rigurosas que los Estados miembros pueden adoptar a fin de garantizar un mayor nivel de protección de los consumidores con arreglo a la Directiva 93/13, ya que no tiene fuerza de ley ni constituye una fuente del derecho, la elaboración de un criterio jurisprudencial responde al objetivo de protección de los consumidores que persigue la citada Directiva. De ésta se desprende que su finalidad no es tanto garantizar un equilibrio contractual global entre los derechos y las obligaciones de las partes en el contrato como evitar que se produzca un desequilibrio entre esos derechos y obligaciones en detrimento de los consumidores. El TJUE considera también en esta Sentencia que la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la jurisprudencia del TS cuestionada en los litigios principales, según la cual la consecuencia del carácter abusivo de una cláusula no negociada de un contrato de préstamo celebrado con un consumidor. El TJUE recuerda que, según la Directiva, cuando el juez nacional detecta una cláusula contractual abusiva únicamente está obligado a dejarla sin aplicación para que no produzca efectos vinculantes frente al consumidor, pero no está facultado para variar su contenido. En definitiva, el objetivo de la Directiva consiste en proteger al consumidor y en restablecer el equilibrio entre las partes del contrato, dejando sin aplicación las cláusulas declaradas abusivas y manteniendo, en principio, la validez de las restantes cláusulas del contrato en cuestión.
Así, como consecuencia de la nulidad de esta cláusula y de conformidad con la normativa de protección de los consumidores y usuarios, con nuestro Código Civil y con los recientes pronunciamientos judiciales, dicha cláusula se tendrá por no puesta y por tanto, la entidad demandada, deberá reintegrar los importes que ha percibido indebidamente por aplicación de esa cláusula nula, correspondientes a primas de seguro no contratado por el consumidor.
Ante este tipo de productos bancarios, le cabe al consumidor la reclamación judicial, sabiendo que existen muchas sentencias de los tribunales dando la razón a los consumidores y usuarios ante este tipo de productos bancarios abusivos.

Una juez anula las cláusulas suelo de 40 bancos y cajas - Abril 2016 -

Las cláusulas suelo que ofrecieron a sus clientes 40 bancos y cajas españoles —los topes que establecen un mínimo a pagar en la letra de la hipoteca por mucho que baje el euríbor— se firmaron con “falta de transparencia” y, por lo tanto, fueron “abusivas”, según la juez de lo Mercantil de Madrid Carmen González Suárez. En una sentencia firmada hoy, la magistrada decide anular esas cláusulas y obliga a devolver las cantidades cobradas “indebidamente desde mayo de 2013”.

Las sentencias dictadas en toda España contra las cláusulas suelo de las hipotecas se han ido multiplicando en los últimos años, sobre todo, desde que el Tribunal Supremo anuló el 9 de mayo de 2013 que condenara al BBVA, Cajamar y Abanca (el alto tribunal se ha pronunciado después en el mismo sentido en más ocasiones). La diferencia ahora es que la decisión del juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid es la respuesta a una macrodemanda de 15.000 usuarios que afecta a casi todas las entidades del país y que, según Adicae, la asociación de consumidores que impulsó el pleito hace más de cinco años, a todas aquellas hipotecas de particulares que tengan una cláusula suelo, unos dos millones (sobre un total de 4,5 millones).

La Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) ha señalado en un comunicado que está estudiando la sentencia. “Las entidades asociadas a CECA seguirán colaborando activamente con las autoridades públicas en el diseño e implantación de medidas para paliar estas situaciones de vulnerabilidad”, añaden. Mientras, fuentes bancarias aseguran que, como se trata de un conflicto que comenzó hace tantos años, la mayoría de entidades ya tenían provisionados los fondos necesarios por si tienen que hacer frente a las devoluciones de dinero, que puede ascender en conjunto a varios miles de millones de euros. Según las estimaciones de Analistas Financieros Internacionales (AFI) podrían llegar a los 5.269 millones de euros. En todo caso, la resolución aún es recurrible ante laAudiencia Provincial de Madrid, aunque los abogados de Adicae insisten en que las distintas resoluciones que ha dictado hasta ahora el Supremo anulando las cláusulas no dejan apenas margen para hacerlo.

Exigir la anulación

Los argumentos del fallo acuden constantemente a la doctrina marcada por el Tribunal Supremo, que ha establecido que esas condiciones, en abstracto pueden ser lícitas (poner de antemano en la hipoteca variable un mínimo a pagar en las letras es un seguro para el banco que puede mejorar las condiciones del contrato), pero que son abusivas si el proceso no fue transparente, es decir, si no se le explicó bien al cliente qué estaba firmando.De momento, la sentencia establece que se “verán beneficiados” y, por lo tanto, podrá exigir que se les deje de cobrar el suelo y que le devuelvan el dinero, “todos aquellos consumidores” que hayan firmado una cláusula “idéntica a las transcritas en la presente resolución y no transparente”. Y entiende como idénticas “aquellas que, a pesar de no emplear el mismo texto ni las mismas palabras, sean sustancialmente iguales en cuanto a su contenido”. Adicae ha recomendado que acudan a su banco a exigir la anulación a todos los particulares hipotecados con esta cláusula (quedan fuera de esta sentencia autónomos y empresas). La juez ordena, no obstante, que los contratos hipotecarios se mantengan en vigor una vez eliminado el ‘suelo’.

En este caso, la juez madrileña dice que los suelos a los intereses “carecen de transparencia” y son abusivos porque se introdujeron “sin que se resaltase por parte de la entidad bancaria la importancia de la inclusión de la cláusula en la vida económica del contrato”. Este hecho, según el juzgado, "frustraba las expectativas del consumidor", ya que cuando creía estar contratando un préstamo a interés variable "se encontraba sorpresivamente con una cláusula que le impedía beneficiarse de las bajadas del tipo [de interés] de referencia".

Fuente: El País.

Los tribunales anulan 45 cláusulas suelo en contratos de Popular y BBVA

La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado diez cláusulas suelo en contratos hipotecarios con Banco Popular y BBVA, con lo que son ya un total de 45 las cláusulas eliminadas por los tribunales tras las acciones legales emprendidas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

En concreto, la organización apeló una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid respecto a aquellas que el Juzgado declaró válidas en contratos suscritos por BBVA y Banco Popular.

BBVA decidió retirar todas estas condiciones de sus hipotecas tras la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de mayo. Para la OCU, la Audiencia clarifica así la jurisprudencia respecto al Popular, que no ha eliminado estas cláusulas.

"Prevalece la apariencia de que el tipo sería nominalmente variable al alza y a la baja cuando, en realidad exclusivamente lo sería hacia arriba", recoge la sentencia, que también incide: "La cláusula recibe asimismo un tratamiento inapropiadamente secundario, de modo que el consumidor no percibirá su verdadera relevancia".

Fuentes del Banco Popular han indicado a Europa Press que discrepan de las consideraciones de la sentencia y anticipan que la entidad presentará un recurso de casación.

Fuente:Europa Press

Fecha:6/9/2013c

Consulte su caso,  puede anular dicho contrato y recuperar el dinero que ha entregado a su banco o a su caja de ahorros. Despacho especialista en nulidad contractual por vicio en el consentimiento.

_{Fuente: Procuradora Mónica López Manso}

NO A LOS DESAHUCIOS / NO ALS DESNONAMENTS

25/10/2016 Gracias a los compañeros y compañeras de las plataformas contra desahucios por facilitarnos la tarea de redactar escritos en todas las fases del proceso en ayuda de las personas indefensas y vulnerables.

El enlace aquí: 

http://afectadosporlahipoteca.com/documentos-utiles/

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Si Ud. no puede desplazarse, tiene la opción de escoger tres servicios on-line en el desplegable de abajo. Tiene la opción de la consulta on-line, la reclamación bancaria por escrito a su entidad por cualquier indefensión que le estén generando, o directamente, el proceso de conciliación ante los Tribunales.

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